Aragón, Economía, El Grado, Monzón

IU pide al Gobierno de Aragón que revise la declaración de impacto ambiental de la central de biomasa de Monzón y que la instale a 5 kilómetros

IMG_1521Izquierda Unida lleva a las Cortes de Aragón la preocupación ciudadana por las afecciones que pudiera provocar la implantación del proyecto de central de producción de energía eléctrica mediante biomasa, publicado en el BOA de fecha 31 de agosto de 2015. El pasado 31 de agosto, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) publicó en el BOA, la resolución por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para una planta de generación de energía eléctrica mediante biomasa de 170 MWt, en Monzón, promovida por Solmasol I.

El Coordinador de IU Alto Aragón y concejal de Cambiar Monzón, Miguel Aso, recuerda que este proyecto ha generado preocupación social en la capital del Cinca Medio, por cuanto el interés público que pudiera tener como consecuencia de la creación de puestos de trabajo, se compara con el impacto paisajístico y, especialmente, con las afecciones a la salud de las personas fruto de las emisiones, “emisiones que se sumarían a las de otras industrias implantadas en la ciudad”. Aso ha recordado que “para hacernos una idea de la magnitud del proyecto, el caudal de humos anual será cinco veces la capacidad de la presa del El Grado”.

Entre las características de este proyecto, cabe destacar que la planta se ubicará en suelo No Urbanizable Genérico, situado a 600 metros del casco urbano en la dirección de vientos dominantes a Monzón. “A esa distancia no podría implantarse hoy una simple granja de explotación porcina que necesita 1.500 metros de distancia”, señala Aso, para destacar igualmente que “con la normativa del año 1969, este tipo de industrias pesadas no podían ponerse a menos de 2.000 metros del núcleo urbano y hoy se ha dejado poner a 600, lo que es una temeridad”. Aso ha señalado igualmente que “la central contará con edificaciones de unos 40 m y una chimenea de 60 m de altura, cuando en el municipio no hay edificaciones urbanas tan altas y todo ello pese a que la altura autorizada con carácter general para ese tipo de suelos es de 11 metros, lo que da una idea del brutal impacto paisajístico justo en la entrada de la ciudad”.

En relación a las afecciones, Aso ha señalado que “los servicios técnicos municipales consideran que el estudio presentado por el promotor tiene carencias importantes para este tipo de instalación, especialmente teniendo en cuenta su cercanía. Entre otras, la información del promotor no aporta datos sobre el aumento de PM 2,5 y benzopirenos en la ciudad, cuando diversos estudios hablan de los importantes riesgos para la salud de contaminantes emitidos por centrales de incineración de biomasa, entre ellos estas partículas”. Igualmente ha señalado Aso, “hemos tenido conocimiento reciente de importantes estudios que están poniendo en tela de juicio la seguridad de las emisiones de las incineradoras de biomasa, incluso de aquellas pequeñas que utilizan las mejores tecnológicas. Entre ellos, estudios como los relacionados con la mortalidad por cáncer en poblaciones cercanas, del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, que confirman la hipótesis de la existencia de un incremento significativo del riesgo de muerte por cáncer en municipios próximos (menos de 5 Km) a incineradoras”.

La diputada de IU, Patricia Luquin recuerda que “ante estos datos se ha presentado recurso de alzada a Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por parte de una asociación conservacionista, se ha creado una Plataforma ciudadana que está informando a la población, se han recogido más de 5.000 firmas, se colocan pancartas en balcones y hay una inquietud evidente como consecuencia de unas afecciones evitables, simplemente aplicando el principio de precaución, mediante el cual, se debiera considerar que el interés público, más allá de la creación de puestos de trabajo a cualquier precio, es el de velar por la seguridad y salud de las personas alejando el proyecto del casco urbano”.

Por todo ello, Luquin presentará una Proposición no de Ley ante el Pleno de las Cortes en la que insta IU al Gobierno de Aragón, a revisar de oficio la declaración de impacto ambiental, exigiendo al promotor la ubicación del proyecto a una distancia mínima del casco urbano de 5 kilómetros y a que consideren la aplicación de las máximas y mejores tecnologías de filtrado, la minimización al máximo de afecciones al tráfico rodado en la nueva ubicación y el menor impacto sobre los ecosistemas de la zona por el uso e introducción de nuevos cultivos leñosos.

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