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Economía, Monzón

La Plataforma contra la Incineradora de biomasa de Monzón considera que el Ayuntamiento está asumiendo una grave irresponsabilidad al declinar toda responsabilidad y no velar por la salud de la ciudadanía

El resultado de la subasta eléctrica de capacidad renovable (500 MW eólicos y 200 MW de biomasa) convocada por el Ministerio de Industria y que ponía fin a la moratoria al cobro de incentivos decretada por el Gobierno en 2012, ha creado un auténtico revuelo en el sector. El motivo es que la puja se cerró con un descuento del 100%. En otras palabras, alguien acudió a la subasta de un incentivo a la inversión y había renunciado a él.
El Grupo Forestalia, comunicó en una nota de prensa que se llevó el grueso de la subasta:300 MW eólicos (a través de Energías Eólicas de Aragón) y 108,5 MW de biomasa, a través de Forestalia.
El resultado parece “un sinsentido”, pues para producir y vender a mercado hay libertad total, no es necesario acudir a una subasta, que, además, tiene el inconveniente de que hay que aceptar las condiciones del Gobierno respecto a la presentación de avales o el plazo de construcción.
El Ayuntamiento de Monzón, a través de un rápido comunicado en su página web, anunció pocas horas después que “ve el proyecto como una oportunidad de crecimiento económico e industrial” declinando en el INAGA toda la responsabilidad en lo relativo a la idoneidad de la instalación y el proceso de funcionamiento. Llama poderosamente la atención un comunicado emitido con tanta premura.
Sigue exponiendo el Ayuntamiento que la subasta ha adjudicado los 108,5 MW a la empresa, no a un proyecto concreto, y será la dirección de la empresa la que tome la decisión que considere sobre el reparto. Pero deja claro en dicho comunicado que si bien la empresa trabaja en varios proyectos, el de Monzón es el más adelantado.
A su vez, el Ayuntamiento vuelve a hacer eco en lo relativo a la alarma social generada en torno al proyecto. Desde la Plataforma contra la Incineradora de Biomasa, volvemos a manifestar que dicha alarma social está perfectamente justificada en base a la multitud de informes y estudios tanto técnicos como médicos presentados, entre otros los del Instituto Carlos III, Área de Epidemiología y Cáncer que en un estudio de 2012, realizado en España en zonas alrededor de 5km de ciudades situadas próximas de incineradoras y otras industrias peligrosas concluía” existe un incremento significativo de riesgo de muerte por cáncer en los municipios próximos a incineradoras…”.La Plataforma considera además que el Ayuntamiento está asumiendo una grave irresponsabilidad al declinar toda responsabilidad y no velar por la salud de la ciudadanía.
La Plataforma considera que el extraño resultado de la subasta genera nuevas y fundadas dudas en cuanto a la transparencia con la que se está desarrollando el proyecto. La Plataforma sigue investigando y utilizará todos los medios legales a su alcance para la paralización de la instalación de la incineradora de biomasa.

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