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Alto Aragón, Barbastro

Lérida defiende usar catalán en juicio por bienes al ser «oficial» en Aragón

El abogado del Obispado de Barbastro - Monzón considera que pretenden dilatar el proceso
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El Obispado de Lérida ha dirigido un escrito de alegaciones al Juzgado de Primera Instancia de Barbastro encargado de juzgar la reclamación de devolución de los bienes histórico-artísticos de las parroquias aragonesas que defiende el uso del catalán en el litigio al entender que es una lengua «oficial» en Aragón.

Este escrito, al que ya ha respondido con otras alegaciones la representación procesal de la Diócesis de Barbastro-Monzón, responde así a la petición de la parte aragonesa de traducción de los documentos solicitados para su valoración como pruebas en el procedimiento judicial.

La Diócesis catalana considera, además, no «acertado ni válido en derecho» el término «Lérida» utilizado por el Obispado aragonés en sustitución de Lleida, por lo que insta a los demandantes a utilizar este último topónimo.

Argumenta su representación procesal que tras la Ley estatal 2/1992 «no existe en el Estado español la denominación Lérida», aunque matiza que se tratan de «obstáculos de nimia importancia» que en el proceso no serán tenidos en cuenta por la parte catalana porque, añade, «entendemos todo».

«Nosotros no nos referiremos a Huesca como Osca, que es la denominación antigua, ni a Zaragoza como Cesaraugusta, ni a Monzón como Monçó o Monsó», subraya el letrado a renglón seguido.

La Diócesis catalana sí que insiste en rechazar la traducción al castellano de los documentos requeridos, amparándose en un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil referente a la necesidad de traducir todo documento que no sea en castellano o una de las lenguas oficiales propias de la comunidad autónoma demandante.

A juicio de esta parte, «resulta sorprendente que quien reivindica obras de arte sacro que provienen de parroquias de la provincia de Huesca, las más de ellas en la zona conocida como La Franja, cuya lengua usada de forma prioritaria es el catalán» manifieste ahora no entender el catalán».

El letrado de la Diócesis catalana hace una larga exposición del Estatuto de Autonomía de Aragón y al artículo de la Ley de Uso, Protección y Promoción de las Lenguas propias de Aragón para argumentar que el catalán es una lengua «oficial» en la Comunidad aragonesa.

El representante legal del Obispado de Lérida concluye, sin embargo, que el catalán es una «lengua vehicular» en Aragón, aunque «voluntaria y optativa», además de ser «oficial» en la Comunidad.

«Baste acudir al BOA (Boletín Oficial de Aragón) para no negar que el catalán es lengua oficial en Aragón y que en algunas zonas se habla muy por encima que el castellano o el aragonés minoritario, y especialmente en la provincia de Huesca, cuya población entiende perfectamente el catalán y lo hablan una gran parte», añade.

En sus alegaciones a este escrito, el representante legal del Obispado aragonés, Joaquín Guerrero, y su asesor, Jorge Español, destacan que la legislación aragonesa sólo reconoce el castellano como lengua oficial, aunque admite como propias, originales e históricas las lenguas y modalidades lingüísticas de uso predominante en las áreas septentrional y oriental de la Comunidad.

Advierten, además, estos letrados que el derecho al uso de la lengua aragonesa sólo se reconoce a los ciudadanos de Aragón y «no a los catalanes» en las zonas donde se usa y no Barbastro, donde está excluido un uso distinto del castellano, situación que obliga a la Diócesis de Lérida a traducir los documentos aportados.

A juicio de éstos, «la lengua de estrados en el Juzgado de Barbastro es el castellano y, por lo tanto, cualquier documento que venga en lengua distinta debe acompañarse de la traducción correspondiente al castellano, segunda lengua materna más hablada del mundo tras el chino mandarín, con más de 500 millones de hispano hablantes».

La parte aragonesa reivindica también el uso de la denominación «Lérida» en el proceso tras argumentar que la ley nacional referida sólo contempla el cambio de denominación a las provincias de Gerona y Lérida por Girona y Lleida.

Destacan los letrados que esta ley no hace referencia ni a Lérida ciudad ni al Obispado de Lérida, ni vincula a la propia Iglesia en el uso de una u otra denominación.

«Es la tontada mayor»

El abogado de la diócesis de Barbastro – Monzón, Joaquín Guerrero, lamentaba que desde Cataluña se siga con la táctica de «distracción y de dilatar el proceso en el tiempo» en lugar de acudir a lo verdaderamente relevante que es la devolución de unos bienes que no son de su propiedad.

«Cada quince días están poniendo pegas, o el obispado de Lérida o el Consorcio y hay que estar constantemente quitando hojarasca. La última ha sido la presentación de documentación en catalán argumentando que el juez y nosotros deberíamos de conocerlo», señaló. En sus alegaciones Guerrero ha indicado «que el catalán, hasta lo podemos saber y se habla en varias partes, pero no es una lengua oficial admitidas en la Administración y en los juzgados. Por lo tanto en Aragón tienen que enviar la documentación en castellano», señala el abogado zaragozano.

A juicio de Guerrero la presentación de estas alegaciones relativas al uso del catalán en el juicio «es la tontada mayor. De presentar un escrito en catalán como ya han hecho otras veces con su traducción al castellano, ahora piden que sea un derecho y eso no es función de las leyes aragonesas». El letrado que defiende al obispado Barbastro – Monzón recuerda como el juez ya solicitó a la parte demandada que presente traducida al castellano la documentación que en su día aportó en catalán, como ha ocurrido otras veces cuando se aportaron documentos en latín.

En otro orden de cosas, Guerrero señala que el juez ha requerido que la diócesis de Lérida presente una serie de documentos que atañen directamente al papel jugado por el obispo Salvador Giménez quien deberá personarse como testigo en este juicio a requerimiento de la parte demandante. «La clave de este juicio será la declaración del obispo», recalca Guerrero.

Asimismo, el letrado reitera la tesis defendida desde el Obispado de Barbastro desde el origen de este conflicto: «Es un tema civil entre dos particulares, no es una guerra entre dos gobiernos ni dos Comunidades. Es un conflicto privado en el que  una persona tiene en depósito unos bienes que se los ha dejado a otro y ahora no se los devuelve».

Por su parte, José María Albalad, director de la Oficina de Comunicación de las Diócesis de Aragón (Oficia), ha recordado que se trata de «una nueva zancadilla procesal» y ha evitado entrar en polémicas: « El Obispado de Barbastro-Monzón no quiere disputas mediáticas ni polémicas estériles, sino ganar el juicio del 16 de mayo y lograr que los 111 bienes vuelvan a las parroquias aragonesas».

Pese a las dificultades del proceso, Albalad ha subrayado «la voluntad del obispo Ángel Pérez Pueyo de tender puentes de colaboración en proyectos culturales, artísticos, religiosos y económicos con la comunidad hermana de Cataluña, en beneficio de la sociedad».

 


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