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Aragón, Consumo

El Gobierno de Aragón protegerá a los desahuciados que se encuentren en riesgo de exclusión

Una solución inminente para aquellas personas que vayan a ser desahuciadas de su vivienda habitual y se encuentren en riesgo de exclusión social. Es lo que busca el convenio aprobado en Consejo de Gobierno entre Ejecutivo Autonómico, Consejo General del Poder Judicial y Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.
Este texto, que se firmará en las próximas semanas, permitirá que el juez alerte al Instituto Aragonés de Servicios Sociales de aquellas personas que, en situación de vulnerabilidad, vayan a perder su hogar. De este modo, los servicios sociales revisarán y evaluarán la medida más conveniente y trasladarán la petición al organismo competente para adoptar una actuación sensible e inmediata.

Así, los afectados podrán beneficiarse de las distintas medidas del Plan de Gestión Social de la Vivienda que el Gobierno de Rudi ha puesto en marcha. Entre ellas, se trabaja ya en la creación de una red de bolsas de viviendas para alquiler social. Además, se han puesto en marcha las unidades de gestión social y se han firmado convenios en Huesca y Zaragoza con sus Ayuntamientos y sus Colegios de Abogados para prestar asesoramiento en materia de mediación hipotecaria…

Con todo, gracias a este convenio, se establece un nuevo cauce de información entre el sistema judicial y el de protección social. Así, la existencia de estas personas sea rápidamente comunicada a las instituciones para así aliviar su situación.

Destaca también la participación de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, ya que estas entidades locales cuentan con competencias en materia de acción social.

Los beneficiarios de este convenio serán no sólo los afectados por lanzamiento tras ejecución hipotecaria, también aquellos que hayan dejado de pagar sus recibos de alquiler al propietario de su vivienda habitual.

Este acuerdo también contempla la posibilidad de que la autoridad judicial suspenda el desahucio por un periodo máximo de 10 días. Tiempo en el que los servicios sociales evaluarán la posible solución a la situación detectada.

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