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Alto Aragón, Azara, Huesca, Pozán de Vero

Varios alcaldes de Huesca aseguran que no firmarán el convenio sobre comedores escolares

Rosana Marcos, alcaldesa de Pozán de Vero; Santos Larroya, alcalde de Azara; Fernando Sabés, de San Esteban de Litera; Lourdes Pena, de Tolva; Juan Manuel Ramiro, de Chimillas; Joaquín Til, de Lupiñén, y el teniente de alcalde de Robres, Domingo Lecina, han sido los encargados de expresar este lunes el sentir de varios municipios de la provincia de Huesca que, después de que el Gobierno de Aragón les retirase las ayudas para el mantenimiento de los comedores de una forma un tanto polémica -ya que algunos ni siquiera recibieron una notificación-, ahora les envían un convenio que creen que “no sirve para nada” y por este motivo han expresado hoy que no lo firmarán.

DSCN0281En rueda de prensa han explicado que el objetivo es tomar una posición conjunta con los representantes de todos los municipios afectados por la retirada de la ayuda de la DGA a los comedores escolares. “El punto principal debería ser doble: este convenio no se puede firmar porque no cumple con ninguna de las necesidades que tienen los ayuntamientos y además pedimos que nos paguen lo que nos deben, que en la mayoría de los casos, corresponde a dos cursos y de momento lo estamos asumiendo los ayuntamientos y los padres”, ha dicho Fernando Sabés, quien ha añadido que “está empezando a haber diferencia entre los padres y madres de los municipios pequeños y los de los municipios más grandes “donde sí hay comedor de la DGA”.

La alcaldesa de Pozán de Vero, Rosana Marco recordaba que hace poco varios municipios hicieron una concentración en Huesca protestando precisamente por lo que el convenio recoge. Además, remarcaba que no se puede hablar de un recorte cuando en realidad no se ha disminuido la cantidad aportada sino que se ha cancelado tal aportación. “En nuestro caso, de la mitad del total del gasto Educación asumía un 60%, que quiere decir que del total del gasto asumen un 30%. Pero a mí si me dice el señor José María Cabello que ahora en vez de un 30% tendrá que ser un 15% porque estamos fatal pues yo lo podría llegar a entender, pero ese silencio y quitarlo de un plumazo, pues no”, añadía rotunda Marco.

En la misma línea se expresaba Santos Larroya, alcalde de Azara. “Ahora nos encontramos que de 2014/15 y del 2015/16 no nos van a pagar nada y nos envían un convenio en el que nos dicen que los ayuntamientos asumiremos la contratación del personal, el suministro y elaboración de alimentos, los gastos de limpieza y conservación de los locales, o sea, los ayuntamientos tenemos que asumirlo todo”, y se preguntaba entonces “¿para qué nos mandan este convenio?”.

“Los colegios rurales estaremos totalmente discriminados respecto a los de las ciudades porque éstos tienen comedores de los cuales se hace cargo la DGA y en los rurales tenemos que hacernos cargo los propios ayuntamientos y las familias y yo entiendo que si la educación es un derecho, todo lo que ésta conlleve debería ser también un derecho”, expresaba durante su intervención el alcalde de Azara.

Tras exponer cada uno de los representantes de los siete municipios las particularidades de su caso aflora una conclusión común y es que en todos los casos el comedor lo siguen manteniendo los ayuntamientos a pesar de no recibir la ayuda de la DGA, puesto que todos lo consideran una prioridad para ayudar a la conciliación entre la vida laboral y familiar y para que no terminen por cerrarse sus escuelas.

“Imaginémonos que se cierran las escuelas por falta de comedor y por falta de críos en los pueblos a 20 kilómetros alrededor de Huesca, esos 24 críos de Bolea, 26 de Lupiñén, los de Chimillas… es muy fácil acondicionarlos en los colegios de Huesca”, comentaba Joaquín Til, alcalde de Lupiñén y añadía la preocupación de qué pasaría entonces con las tres maestras de Lupiñén, los tres de Bolea o todos los profesores itinerantes que trabajan en estos colegios. Joaquín Til instaba al Gobierno de Aragón a que atienda las necesidades y demandas del medio rural que trasladan los alcaldes, que son los representantes de cada municipio y quienes mejor conoce la realidad de sus veicnos.

Fernando Sabés, alcalde de San Esteban de Litera aseguraba a su vez que el comedor en San Esteban se puso en marcha básicamente por petición de los propios padres del municipio: “Los padres nos dijeron que o bien poníamos un comedor escolar o difícilmente podrían ellos conciliar su vida laboral con el horario escolar de sus niños y que por tanto se verían obligados a llevar a los alumnos a municipios más grandes”.

Por su parte Lourdes Pena, alcaldesa de Tolva, reconocía que el convenio es inasumible por los padres de su municipio y añadía que el ayuntamiento se hará cargo de mantenerlo como sea sin la ayuda de la DGA porque “sin comedor no tienen sentido las escuelas rurales sobre todo por el tema de la conciliación pero también porque los pueblos sin la escuela están abocados a desaparecer”.

En Robres hace diez años que ofrecen el servicio de comedor y su teniente de alcalde, Domingo Lecina, echaba la vista atrás durante la rueda de prensa. “La escuela hace diez años tenía 6 alumnos y ahora son 26”, recordaba. Hace unos siete años se hicieron unas escuelas nuevas y el año pasado se adaptó un aula para comedor, ampliando así el espacio que dedicaban a este servicio. “Ahora que estaba todo funcionando a la perfección de repente nos encontramos con este problema”, añadía Lecina.

Juan Manuel Ramiro, alcalde de Chimillas, explicaba así su caso: “Pasamos de 4.700 euros en ayudas en 2011, a 3.600 en el 2012, a 1.100 el 2013 y a cero en el 2014, y por supuesto todas estas rebajas sin comunicación alguna”. Y añadía su impresión como alcalde: “No se potencia para nada la escuela rural y lo que se quiere, entiendo yo, es una eliminación progresiva por inanición para terminar por agrupar a los críos en los grandes núcleos”.

En toda la provincia hay aproximadamente una veintena de municipios afectados por este problema. Los padres de estos municipios ya habían llevado a cabo varias movilizaciones frente a los recortes del Gobierno de Aragón y ahora, tras recibir en los últimos días la propuesta del convenio, han sido los ayuntamientos, algunos de los cuales ya habían apoyado con anterioridad dichas movilizaciones, los que han manifestado directamente su malestar.

 

 

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