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Alto Aragón, Huesca

ADELPA comparece en el Senado ante la comisión especial para el estudio de la despoblación en zonas de montaña

ADELPA ha comparecido hoy, representada por su gerente Ana Ruiz, en la Comisión para el estudio de la despoblación en zonas de montaña constituida en el Senado.

En su intervención, tras exponer la realidad del territorio del Pirineo aragonés, en cuanto a datos de población (unos 55.0000 habitantes en más de 9.000 km2,, extensas zonas que están en torno a 1 habitante/km2, crecimiento vegetativo negativo durante los últimos 25 años en la mayor parte de las poblaciones), ha pasado a describir las principales líneas y propuestas planteadas a esta Comisión para afrontar el problema de la despoblación.

En ese sentido, ha hecho hincapié como base de toda política contra la despoblación, en la necesidad de mantener e incorporar servicios en estas zonas (comedores escolares, transporte escolar, transporte sanitario, servicios médicos, residencias tercera edad), y para ello, realizar las modificaciones legales necesarias en cuanto a disminución del ratio de población requerido o incorporación de la variable del territorio en zonas despobladas para el mantenimiento de estos servicios. En caso contrario, vemos cada día como servicios básicos corren el riesgo de desaparecer en estas zonas, dada la necesidad de estos servicios para conciliar la vida laboral y familiar, por ejemplo, o mantener familias con miembros en situación vulnerable, como ancianos o enfermos.

También se ha referido a las afecciones provocadas por embalses y líneas de alta tensión en el territorio pirenaico, su influencia en la despoblación, y al hecho de que ni en el pasado ni actualmente se han compensado de ninguna forma los efectos negativos de estas infraestructuras. Ha pedido que en zonas de montaña como el Pirineo, donde existen saltos hidroeléctricos explotados directamente por la Confederación Hidrográfica del Ebro y concesiones con una parte de sus beneficios o energía reservados a dicha entidad, y cuyos beneficios en ambos casos deben destinarse según el Plan de cuenca a la restitución económica y social del territorio que los genera, se aproveche esta oportunidad y se haga cumplir la Ley, obrando con transparencia en cuanto al destino de estos fondos, y reivindicando su uso para el impulso y promoción empresarial de las zonas de montaña.

Igualmente ha defendido que para todas las zonas de montaña, en general productoras de energía hidroeléctrica y almacenadoras de este recurso, debería realizarse una modificación de la legislación del sector eléctrico que obligase a la aportación por parte de estas empresas de un porcentaje de su facturación para la creación de un Fondo para la restitución de zonas de montaña. Todo ello argumentado sobre la base de los ingentes beneficios que perciben estas empresas, a cambio de unos impactos que continúan permanentemente sobre el territorio (embalses, líneas de alta tensión), ocasionando continuas servidumbres y problemas, y sin dejar ningún beneficio en el territorio que genera esta riqueza.

En materia de medio ambiente, ha expuesto la realidad que supone que los espacios naturales protegidos en el Pirineo, a la vista de los datos, tienen una nula incidencia en la demografía, no se percibe mejora alguna en ese sentido en los núcleos de población afectados por la misma. Ha pedido que la política de protección medioambiental se convierta en un factor de desarrollo real del territorio, para ello reclama que la gestión de estos espacios no se centre fundamentalmente en la conservación, sino que su planificación incluya actividades enfocadas al sector turístico, y actuaciones con el correspondiente cronograma y financiación destinadas al impulso de la ganadería, la transformación agropecuaria y el turismo.

En cuanto al sector primario, y muy especialmente referido a la ganadería en el Pirineo, ha expuesto los resultados del estudio financiado con la Beca Pedro Santorromán de ADELPA, cuyas conclusiones arrojan un resultado desolador en cuanto a la situación de este sector, vital para la gestión medioambiental, el paisaje, y por lo tanto el turismo en el Pirineo. Así, entre 2000 y 2010 han desaparecido más de 500 explotaciones ganaderas en el territorio de ADELPA, sólo un 31% de las explotaciones pertenecen a titulares menores de 45%, y en la inmensa mayoría no existe probabilidad de relevo generacional, es decir ocurrirá como está sucediendo durante los años analizados por el estudio, cerrarán sus puertas con la jubilación de su titular.

En este punto, ha reivindicado la modificación de la PAC, para la cual el Estado español tiene una oportunidad antes del 1 de agosto de 2016. En esta modificación España debería acogerse a la posibilidad de dedicar un 5% de la PAC a las zonas con limitaciones naturales (que son las zonas de montaña y otras zonas con limitaciones específicas), posibilidad que otros países como Francia han incorporado en su PAC, pero a la que paradójicamente un país con la cantidad de territorios de montaña, además gravemente afectados por la despoblación como es España, no ha solicitado desde un primer momento. Ha hecho hincapié en que al igual que en el caso de la energía reservada, estamos de nuevo ante una oportunidad en la que existen tanto instrumentos legales como financiación para su implementación, que serían acciones directamente aplicables en zonas de montaña con despoblación, y que sin embargo esta oportunidad no se está aprovechando.

Por último, se ha referido al patrimonio forestal de las zonas de montaña. Ha hecho alusión a la presión que reciben los propietarios públicos y privados de estas superficies forestales ante el actual repunte del mercado -parece que debido a la demanda de biomasa forestal-, y ha explicado que en la provincia oscense no hay instrumentos de gestión forestal que permitan afrontar con garantías actuaciones importantes sobre esas masas forestales. Ante esta situación ha abogado por la inversión de las Administraciones competentes (fundamentalmente las autonómicas) en personal y en redacción de planes de gestión para los montes de titularidad pública, y articulación de ayudas para los propietarios privados. Por último, ha recalcado la garantía que supone una gestión pública de los montes de esta titularidad.

 

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